Según la fiscalía, el imputado participó de forma activa y documentada en la conducción de una empresa importadora.
Esta empresa operó un esquema de subdeclaración aduanera durante cuatro años, con un daño estimado al erario de más de 4 mil millones de pesos.
Estas declaraciones fueron hechas por la Fiscalía de la República en medio de las acusaciones que señalaban que se trataba de una persecución política en su contra.
Previamente, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, dijo que la Fiscalía “presentó muchísimas pruebas” que señalaban que no se trataba de persecución política en contra del exgobernador.
